Constitución de transición o transición de Constitución

Publicado en diariocritico.com el 14 de enero de 2014
 
Yo no pude votar la Constitución. Era menor de edad. Pero de aquella época recuerdo el blanco y negro de la televisión, la angustia de la “semana santa” y la frustración que me llevaba a la cama de la mano de los “rombos”. Ahora parece que está de moda denostar esa etapa, no sin razones, porque es mucho más fácil la crítica del pasado con la comodidad del presente que desde el protagonismo de lo vivido y sufrido.

No me convencen quienes, para reafirmarse en la pureza de la ideología, necesitan acusar a sus antecesores de ser los responsables de la mayoría de los males en nuestro sistema político e institucional. Pienso que la descomposición de la monarquía tiene más que ver con sus errores y chanchullos, y con la evolución lógica de la vida como institución a extinguir, que con su aceptación por la izquierda y el propio Partido Comunista de España con carácter previo a su legalización.

Creo que los conflictos territoriales están más vinculados a la política de los nacionalismos españolistas y exclusivistas, y a su respectiva financiación, que al diseño mejorable de la organización territorial del Estado en nuestra Carta Magna. Estoy convencido de que el descrédito del sistema representativo político, judicial, social y sindical, que conlleva una patente lejanía ciudadana con la política y las instituciones, es más un problema de transparencia, ética y responsabilidad de sus protagonistas que de la articulación electoral en la composición y atribuciones constitucionales de esos colectivos.

Quienes analizan el pasado con las claves del presente tergiversan la historia. Quizás sus argumentos sean tan escasos que necesiten hacer trampas para reafirmarse ante sí mismos y ante los demás. Pero los buenos historiadores analizan, descifran y nos cuentan la historia. No su historia ni la que queremos escuchar. En mi tierra tenemos un magnífico ejemplo de lo que digo sobre la buena profesionalidad del historiador en la persona del aragonés Julián Casanova.

La Constitución de 1978 fue la que necesitaba España hace 35 años y la que era posible acordar como mínimo común denominador. No sería la que yo aprobara hoy. Quizás no fuera la que yo hubiese votado desde una posición de izquierda consecuente con mis principios, de haberlos tenido, en aquel momento. Pero creo que era la que necesitábamos todas y todos en aquella España del blanco y negro en la que sólo se atisbaban los colores de la democracia, borrosos entre las bombas de ETA y el ruido de sables.

Aquella Constitución de la “transición” debe dar paso a la transición de la propia Constitución. Ya no la necesitamos, afortunadamente, como nació y para la España en la que se aprobó. Debemos reformarla, cambiarla, adaptarla a lo que somos y a lo que necesitamos en el siglo XXI. Es lo mejor que podemos hacer por ella. Sobre todo si no queremos que siga el rumbo de la mayoría de sus componentes hacia el desapego con las personas.

La Constitución de la democracia debe transformarse en la Constitución de la ciudadanía. Y hay dos caminos para que así sea percibida y respetada. La actualización, y sobre todo ejecución, de los derechos que se consagraron en 1978. Junto a estos, deben formar parte de nuestra normativa básica constitucional todos los avances legislativos que intentaron construir el cuarto pilar de nuestro Estado del Bienestar. Ese que tan eficientemente está aniquilando el Partido Popular. La educación, la sanidad y las pensiones deben “constitucionalizarse” junto a ese núcleo básico del bienestar y la dependencia en las ayudas a las personas y las familias. Y necesitamos hacerlo con carácter público, universal y gratuito.

En esa nueva Constitución, tienen más importancia las personas que las instituciones. Son más relevantes los derechos sociales que los rimbombantes principios. Veo más necesarias las garantías individuales que la rigidez de los colectivos. Considero más avanzada la flexibilidad en los símbolos y la transparencia democrática que la salvaguarda de banderas, coronas, diputados y magistrados. En definitiva, es más importante que seamos capaces de compartir y conjugar el llamado “consenso constitucional” con el consenso ciudadano.

Y sobre todo, es imprescindible que dotemos de utilidad esa nueva Constitución a través de la participación. No sólo en su aprobación testifical. Sino en su impulso, en su redacción coparticipada y en la consulta junto a nuestros representantes para que, cada uno desde su propia tarea, se sienta partícipe del resultado y de la necesidad de diálogo y acuerdo con quien no piensa como nosotros.

En esa cuestión, la Red tiene que entrar a raudales en este nuevo texto. Como medio para transformarla y como instrumento y derecho que debe recogerse en su articulado para facilitar la conexión de las instituciones con las personas y de éstas entre sí. Si encargamos esta nueva Constitución a esa cooperativa en Red de ciudadanía y representación popular, los beneficios serán para todas y todos. Es la mejor inversión que podemos ofrecernos a nosotros mismos y a nuestros hijos.

[*] José Francisco Mendi Forniés es uno de los impulsores del colectivo Espacio Abierto

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