El derecho a decidir y la izquierda

Héctor Maravall

Publico.es 28 de febrero de 2014

 

Es evidente que la izquierda tenemos un importante y complicado reto ante el conflicto que se esta desarrollando en Cataluña en relación al derecho a decidir.

La izquierda de tradición socialista y comunista nunca hemos sido nacionalistas. Mas aun, hemos considerado que el nacionalismo históricamente ha ocultado o manipulado conflictos de clase y en definitiva ha beneficiado los intereses de las minorías dominantes.

La izquierda en Cataluña mientras el PSUC ostento el liderazgo político e ideológico, supo vincular adecuadamente la lucha por los derechos de los trabajadores, por la democracia y por las libertades nacionales, pero posteriormente, a partir de la duradera presencia de CIU en el gobierno de la Generalitat, fue cada vez mas incapaz de confrontar un modelo político propio con el de la derecha nacionalista y al final quien ha logrado la hegemonía política y social en Cataluña ha sido CIU. Por tanto, en la evolución de la sociedad catalana hay una grave responsabilidad de la izquierda, aunque esta sea de muy distinto calibre en el PSC que en ICV.

También la izquierda del conjunto de España no hemos comprendido a tiempo ni hemos dado la importancia que se merecía a la nueva realidad que se iba fraguando en Cataluña. El PSOE, sumido en los bandazos de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y atenazado por las contradicciones entre sus diversas federaciones territoriales. IU, refugiada en pronunciamientos genéricos, que si a principios de la democracia pudieron ser los necesarios, desde al menos hace una década ya eran claramente insuficientes.

CIU y ERC han jugado sus bazas, no había que esperar otra cosa de ellos, y por el momento con buenos resultados. Y el PP se ha movido entre exacerbar las tensiones nacionalistas con su centralismo y sus actuaciones contra el nuevo Estatut y la suicida parálisis trufada de amenazas que esta caracterizando la política del gobierno de Rajoy.

Así las cosas tenemos un complejo problema, en el que lamentablemente la izquierda en Cataluña y en España no tenemos posiciones comunes, ni siquiera dentro de nuestras organizaciones políticas.

Hay un sector no desdeñable que se aferra estricta y exclusivamente a la legalidad constitucional. Por supuesto que sería deseable que se cumpliera a pies juntillas la Constitución. Pero la Constitución de 1978, con la que yo siempre me he sentido plenamente identificado, no sirve para resolver el conflicto en sus dimensiones actuales. Tenemos un serio problema político y tenemos que afrontarlo y resolverlo con actuaciones políticas y si estas requieren cambiar la Constitución, pues tendremos que cambiarla sin ningún genero de dudas. La Constitución es un instrumento para la convivencia democrática, no para enconar conflictos en la convivencia.

Debemos ser capaces de combatir ideológicamente al nacionalismo y a la vez defender hasta el final los derechos de la ciudadanía nacionalista. Y lo que no debemos admitir, por muchos argumentos jurídicos que se puedan esgrimir, es que se obligue por las bravas a que la sociedad catalana se mantenga integrada en España, si esa no es su voluntad mayoritaria.

No podemos compartir, porque es una falacia nacionalista, la supuesta explotación político-cultural de España a Cataluña, ya que sería ocultar la realidad de la sociedad de clases, en la que la alta burguesía catalana ha explotado siempre a las clases populares catalanas, apoyándose, cuando ello ha sido necesario, en los poderes políticos, económicos y militares del conjunto de España. Como también fue una realidad la fuerte presencia del Carlismo, de la Falange, de la derecha nacional católica en la sociedad catalana de la posguerra y las primeras decadas del franquismo. Y tampoco debemos aceptar la tan aireada y nunca rigurosamente demostrada, explotación fiscal. Pero de la misma forma no podemos ignorar y despreciar el sentimiento nacional y/o independentista de buena parte de la sociedad catalana.

En definitiva, desde los principios democráticos, hay que respetar el derecho a decidir, que es plenamente compatible con pronunciarse contra la independencia, explicando con claridad las nefastas consecuencias que ello traería para las clases trabajadoras de Cataluña y del conjunto de España, en un mundo de creciente globalización de los poderes económicos y de la fuerza de las minorías dominantes. Debemos poner de relieve que en la Cataluña hegemonizada por la derecha nacionalista, agresivamente neoliberal, los intereses del capitalismo prevalecerían con mayor intensidad que hoy, si cabe, sobre los intereses de las clases populares. Los trabajadores catalanes y los españoles serían más débiles frente a la gran patronal catalana y española.

Pero no solo hay que pactar la articulación legal del derecho a decidir. La izquierda tenemos que presentar nuestra propia alternativa al independentismo, que en mi opinión no puede ser otra que la consolidación de un Estado Federal, reconocido en una reforma de la Constitución, basado en la realidad plurinacional de España, que establezca unos cauces financieros que garanticen la solidaridad, el reforzamiento del Estado de Bienestar para todos, y el respeto a la diversidad.

Aun estamos a tiempo de recuperar el mucho tiempo perdido, con un discurso que respete el derecho a decidir y que impulse un modelo de Estado Federal garante de los derechos sociales y la cohesión social.

 

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